Tegucigalpa, Honduras – El Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, presentó ante la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC) del Ministerio Público una denuncia por la supuesta comisión del delito de defraudación fiscal contra la administración pública, por un monto superior a los 650 millones de lempiras.
La investigación fue iniciada por esta administración, al identificar operaciones de reexportación entre los años 2018 y 2023.
Detectando irregularidades en las actividades aduaneras de dos empresas importadoras y comercializadoras de carburantes.
Una vez que Aduanas Honduras abrió el expediente investigativo, se realizaron coordinaciones y verificaciones de las operaciones de importación y reexportación.
En conjunto con la Dirección General de Marina Mercante y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Estas verificaciones tenían como objetivo asegurar el cumplimiento tributario, controlar las actividades marítimas y dar trazabilidad a las mercancías, lo que sustenta la investigación.
“La denuncia por el supuesto delito de defraudación y contrabando está dirigida contra dos empresas catalogadas en el registro del SAR como Grandes Contribuyentes del sector combustible. La primera empresa está implicada en una defraudación por un monto de L649,764,800.50, mientras que la segunda empresa por L17,877,539.00” sostuvo Cálix.
Además, añadió: “Aduanas ha identificado que estos grandes contribuyentes, en un período de cinco años, declaraban y registraban la importación y posteriormente una reexportación de combustible a terceros países. Por ello, comenzamos a solicitar información sobre los buques registrados en la documentación presentada ante esta administración. Tras el cruce de datos, se descubrió que los buques registrados no navegaban ni navegaron en aguas hondureñas. El destino o las rutas de estos buques no coinciden con lo declarado, o los mismos nunca llegaron a los países indicados, y los buques no cuentan con el equipamiento necesario para el transporte de combustible.”
Al realizar la revisión documental cruzada entre Aduanas, el SAR y Marina Mercante, se encontraron discrepancias entre las Declaraciones de Impuestos sobre Renta y Venta.
Presentadas ante el SAR y las declaraciones aduaneras. Asimismo, la trazabilidad de las rutas de los buques con lo declarado no coincidía.
A la fecha, las denuncias por los supuestos delitos de defraudación fiscal superan los mil millones de lempiras en perjuicio del Estado.
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