Tegucigalpa, Honduras — El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) mediante un comunicado de prensa denunció que desde el Poder Judicial se están realizando nuevas jugadas políticas.
Una nueva jugada política se estaría gestando para continuar con la acostumbrada práctica autoritaria de irrespetar el contenido del Reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condicionando la independencia judicial a los intereses partidarios del actual gobierno.
La presidencia de la CSJ no puede seguir tomando decisiones unilaterales, sino que está en la obligación de convocar a una sesión para conformar una segunda lista de magistrados suplentes.
Que puedan integrar el pleno en caso de ser necesario, según lo que establece el Reglamento interior, articulo 6, numeral 15.
Esto es especialmente crucial cuando el Pleno discutirá el decreto legislativo 04-2022, conocido como el “Pacto de impunidad”.
Más aún, en relación con este decreto, el Pleno debe considerar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Human Rights Watch y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que han manifestado que una amnistia amplia puede socavar el acceso a la justicia y generar obstáculos para el establecimiento de un marco legal adecuado que permita la instalación de un mecanismo internacional independiente que combata la corrupción y la impunidad.
El CNA exhorta al Pleno a declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 04-2022, en virtud de los siguientes antecedentes:
a.- Las irregularidades y vicios en el proceso de presentación y aprobación de la Ley, omitiendo la normativa vinculante.
b-Los marcados conflictos de interés que han beneficiado a exfuncionarios afines al actual gobierno acusados por delitos contra la administración pública.
c.- La incertidumbre juridica del alcance y aplicación de los criterios técnicos entre los distintos órganos jurisdiccionales sobre los delitos politicos.
d.- La vigencia de esta ley, seguirà propiciando justicia selectiva e impunidad
Hacemos un llamado a las y los magistrados de la CSJ a respetar la institucionalidad y a no seguir negociando con el anhelo de justicia de los hondureños.
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