Tegucigalpa, Honduras – El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Cáceres Castellanos, advirtió que la figura de la extradición podría seguir en vigor a pesar de los intentos de dejarla sin efecto.
En declaraciones recientes, Cáceres explicó que, “si se pretende anular la figura de la extradición, debe considerarse que aún está vigente la Convención de Extradición de Montevideo, Uruguay, firmada en diciembre de 1933″.
“Esta convención, que también cuenta con la adhesión de Estados Unidos, sigue en efecto hasta que se realice una denuncia formal en contra.”
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Convención de Extradición de Montevideo
Cáceres aclaró que, “incluso después de que se efectúe una denuncia contra el tratado bilateral entre Honduras y Estados Unidos, la figura de la extradición, conforme a la Convención de Montevideo, seguirá aplicándose durante un período de seis meses.”
Este miércoles, la Presidenta Xiomara Castro instruyó al canciller Eduardo Enrique Reina a denunciar el Tratado bilateral de Extradición con Estados Unidos, suscrito en 1912.
En respuesta, se envió la nota verbal 111-DGAJTC-2024 para dar por terminado dicho tratado.
El exmagistrado agregó que “el tratado denunciado permanecerá en vigor hasta que transcurra el período de seis meses.
Durante este tiempo, cualquier solicitud de extradición debe ser tramitada.” Subrayó que “si la intención es eliminar la figura de la extradición en Honduras, se debería también denunciar la Convención de Montevideo, que estipula un período de preaviso de un año.”
Cáceres recordó que, conforme al tratado bilateral, “si una de las partes desea terminar con el acuerdo, debe dar un preaviso de seis meses, lo cual ya se ha cumplido.”
Sin embargo, destacó que “el tratado colectivo, la Convención de Montevideo, que parece no haber sido denunciada por el gobierno hondureño, sigue siendo vinculante.”
Este jueves, se conoció que Estados Unidos ha instado a Honduras a reconsiderar su decisión de cancelar el tratado bilateral de extradición.
“Los Estados Unidos están solicitando una revisión de la decisión, pero corresponde al gobierno hondureño decidir si acepta o no esta petición,” concluyó Cáceres.
