Los Ángeles EE.UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado de manera temporal la implementación de una controvertida ley de Texas que otorga a las autoridades policiales la capacidad de detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
La medida, programada para entrar en vigencia el próximo domingo, ha sido suspendida mediante una orden emitida por el juez conservador Samuel Alito en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden.
La ley, aprobada el año pasado por la Legislatura de Texas, representa una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense. La semana pasada, un magistrado federal en Texas había pospuesto la entrada en vigor de la medida tras una demanda de varias organizaciones y el condado de El Paso, alegando que la ley es inconstitucional debido a que las autoridades locales carecen de jurisdicción en asuntos migratorios propios del gobierno federal.
No obstante, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó dicha decisión, llevando la batalla legal hasta la última instancia. Alito ha otorgado hasta el 13 de marzo a los jueces del Supremo para determinar los próximos pasos en esta nueva disputa legal entre Texas y el Gobierno de Biden.
La ley (SB 88-4) convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado desde una nación extranjera, con posibilidad de convertirse en un crimen grave y punible hasta con 20 años de prisión en caso de reincidencia.
Asimismo, permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar un proceso legal. Los oficiales de policía tendrían la facultad discrecional de arrestar y expulsar a cualquier individuo sospechoso de ingresar ilegalmente al país, incluso con la opción de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
En la presentación de emergencia del lunes, la fiscal de EE.UU. Elizabeth Prelogar argumentó que la SB 88-4 es “rotundamente inconsistente” con los precedentes fallos del máximo tribunal, señalando que la autoridad para admitir y remover a personas no ciudadanas es una responsabilidad esencial del Gobierno nacional.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lamentó el bloqueo temporal pero reafirmó la determinación del estado en defender la ley. Por su parte, los demandantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas expresaron en un comunicado que la ley “conducirá a la discriminación racial” en todo el estado, especialmente contra los hispanos.
“Instamos a la Corte Suprema a revocar la suspensión administrativa del tribunal de apelaciones y preservar la decisión que impide que esta ley dañina entre en vigor”, agregaron las organizaciones y los defensores de los inmigrantes.
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