Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, interpusieron este viernes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que el Ministerio Público (MP) ha cometido acciones que vulneran su independencia y sus derechos constitucionales.
Ambos funcionarios fueron acompañados por su apoderado legal, el abogado Oliver Erazo, quien explicó que la medida busca frenar lo que califican como una “instrumentalización de la justicia” en contra de los magistrados del ente electoral.
“El pueblo hondureño ha sido testigo de todo lo sucedido en estos días en los órganos electorales y, en especial, en el TJE. Hemos visto vulnerados nuestros derechos ante las acciones del Ministerio Público”, declaró Flores Urrutia.
Piden a la comunidad internacional observar la situación en Honduras
El magistrado Flores Urrutia manifestó que esta acción legal busca proteger la independencia judicial del TJE, luego de que agentes del Ministerio Público ingresaran a las instalaciones del tribunal tras una resolución adoptada por el pleno en el marco de sus funciones.
“A la comunidad internacional y a la Corte de Justicia Internacional deben darse cuenta de lo que está pasando en Honduras. Tenemos esperanza de que se haga justicia, porque están vulnerando nuestra independencia y nuestros derechos humanos”, añadió el magistrado.
Por su parte, el abogado Erazo indicó que el recurso de amparo fue presentado “por la violación a los derechos humanos y profesionales de los magistrados”, y advirtió que lo ocurrido “ultraja la Carta Democrática Interamericana”.
“La instrumentalización de la justicia se está viendo en toda la sociedad. Esto atropella la independencia judicial y exige una reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA) para constatar la situación en el país”, señaló el jurista.
Esperan respuesta de la Corte Suprema en las próximas horas
De acuerdo con el procedimiento, la Sala Constitucional de la CSJ deberá pronunciarse en las próximas 24 horas sobre la admisión del recurso de amparo y la solicitud de suspensión del acto reclamado, mientras el proceso sigue su curso.
El caso ha generado expectación en el contexto político y judicial del país, donde diversos sectores han expresado preocupación por el creciente choque entre instituciones del sistema electoral y el Ministerio Público.
