Washington, EE. UU. — A partir de este viernes, todos los extranjeros mayores de 14 años que vayan a permanecer más de 30 días en Estados Unidos y que no hayan sido registrados al obtener su visado, deberán inscribirse obligatoriamente en un registro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según una normativa que entró en vigor esta semana.
La disposición forma parte de la orden ejecutiva denominada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, emitida por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero.
La normativa reactiva disposiciones contenidas en la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, e impone sanciones de hasta 5.000 dólares de multa y seis meses de cárcel por incumplimiento.
Requisitos del registro y sanciones
Los extranjeros sujetos a la medida deben realizar su inscripción mediante el formulario G-325R del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Además, están obligados a portar en todo momento una prueba física de su inscripción, la cual podrá ser solicitada por las autoridades migratorias.
El registro incluye la apertura de una cuenta personal con USCIS, y puede implicar la toma de huellas dactilares, fotografías y otros datos biométricos.
En el caso de menores de 14 años, la responsabilidad del registro recae en sus padres o tutores legales. Una vez alcanzada la edad mínima, los menores registrados deberán reinscribirse dentro de los siguientes 30 días.
Grupos afectados por la medida
La orden impacta principalmente a inmigrantes indocumentados, así como a extranjeros que ingresan a EE. UU. por vía terrestre sin visado y que prolongan su estancia por más de un mes.
Entre los grupos más afectados se encuentran los llamados “snowbirds”, ciudadanos canadienses que pasan temporadas prolongadas en estados del sur durante el invierno.
De acuerdo con USCIS, la medida se aplicará a todos aquellos extranjeros que no hayan sido previamente registrados ni se les hayan tomado las huellas dactilares al momento de tramitar su visado.
Reacciones y controversia legal
El nuevo requerimiento ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Estas entidades han acusado al gobierno estadounidense de utilizar el registro como una herramienta de presión para forzar la salida voluntaria de personas indocumentadas, al tiempo que advierten sobre el posible uso de la información recolectada para acelerar procesos de deportación.
“No se trata solo de un trámite burocrático, es una forma de vigilancia que genera miedo y vulnerabilidad entre las comunidades migrantes”, señaló un portavoz del American Immigration Council, una de las organizaciones que presentó una demanda legal en contra del decreto.
Sin embargo, en la noche del jueves, el juez federal Trevor Neil McFadden desestimó los argumentos de las organizaciones, permitiendo que la orden ejecutiva entre en vigor de inmediato. La sentencia califica la medida como constitucional y dentro de las facultades del Ejecutivo.
