Estados Unidos – El Gobierno de Estados Unidos envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados en su territorio hacia un centro de detención en la Base Militar de Guantánamo, Cuba, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Nueva estrategia de detención y deportación
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra los más de 11 millones de migrantes indocumentados, a quienes ha calificado como «criminales». En este sentido, ha prometido ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país.
«Ya no permitiremos que EE.UU. sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo», declaró Leavitt a la cadena Fox News.
En sus primeras semanas en el poder, las autoridades han detenido a más de 3,000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra aún está lejos de las redadas masivas prometidas por Trump durante su campaña.
Expansión del centro de detención en Guantánamo
Trump firmó un memorando la semana pasada para ampliar la capacidad del centro de detención en Guantánamo, con el objetivo de albergar hasta 30,000 migrantes.
En apoyo a esta medida, el Pentágono ha desplegado más de 150 militares, incluidos Infantes de Marina y miembros del Comando Sur, que opera en América Latina.
El presidente justificó esta acción asegurando que se trata de una estrategia para «detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense».
El debate sobre los derechos de los migrantes
Expertos en leyes migratorias han recordado que, bajo la legislación estadounidense, vivir en el país sin autorización no es un delito penal, sino una falta civil.
Sin embargo, cruzar la frontera sin inspección o reingresar tras una deportación sí constituyen delitos menores o graves, respectivamente.
Además, múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford, han demostrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes en comparación con las personas nacidas en EE.UU.
La medida ha generado un fuerte debate en el país, mientras defensores de los derechos humanos advierten sobre las implicaciones legales y humanitarias de estas acciones.
