El Congreso Nacional hondureño está abierto a revisar la normativa que permite la extradición de nacionales solicitados por países con los que existe el convenio, entre ellos Estados Unidos. La ley incluye a señalados en delitos de criminalidad organizada, narcotráfico y terrorismo.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizzeth Raquel Obando, dijo el miércoles que la norma será revisada y que puede ser adecuada para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley y no en base al auto acordado aprobado por los magistrados del Supremo, durante la administración de Porfirio Lobo y que es posible en base a la reforma al artículo 102 de la Carta Magna.
Para Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, hace falta crear una ley para regular la extradición.
En tanto los nacionalistas en el Parlamento dicen que esperarán la propuesta antes de pronunciarse.
La diputada Fátima Mena, del partido Salvador de Honduras, es de la opinión que pueden generarse ambientes para dilatar los procesos para hacer lentas las extradiciones y hasta para evitarlas.
Observadores del acontecer nacional consideran que, la reforma o revisión a la ley que permite la extradición, es una de las partes ocultas del acuerdo tripartito firmado en el marco de la elección del Supremo hondureño.
En Honduras, donde el narcotráfico ha permeado las altas estructuras del poder público, la ley ha posibilitado la extradición de altos cargos gubernamentales, incluido un expresidente, diputados de diferentes partidos políticos, alcaldes, jefes y oficiales de la Policía, entre otros reconocidos personajes públicos.
No son pocos los funcionarios y ex funcionarios que han sido mencionados en los testimonios de los extraditados y que han salido comprometidos en esas denuncias. Ellos temen que en su momento también se solicite su extrañamiento.
Al menos 35 hondureños han sido extraditados a los EEUU, por vínculos con el narcotráfico desde que se aprobó la extradición hasta la fecha.
