San Salvador, El Savador – En un encendido discurso por el primer aniversario de su segundo mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que le tiene sin cuidado ser llamado dictador, tras la creciente presión internacional por el arresto de activistas de derechos humanos y el asedio a organizaciones no gubernamentales (oenegés).
“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, declaró Bukele durante la sesión solemne en el Teatro Nacional, en alusión a su política de seguridad basada en el régimen de excepción.
Críticas por arrestos y persecución a oenegés
El mandatario de 43 años gobierna con amplio poder desde su reelección con el 85% del voto popular, gracias a su llamada “guerra contra las pandillas”, que ha reducido drásticamente los homicidios pero ha generado denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado el arresto de la abogada Ruth López, quien defendía víctimas del régimen de excepción y casos de corrupción. Fue detenida por un supuesto peculado cometido hace más de una década, pero sus defensores alegan que se trata de una medida para silenciar voces críticas.
En su intervención, Bukele ironizó al afirmar que ahora “trabajar en una ONG es sinónimo de impunidad” y acusó a estas organizaciones de ser “defensores de asesinos”, al oponerse a las medidas del régimen.
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos y opositores. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político”, dijo con tono desafiante.
Acusaciones de autoritarismo y ley contra ONGs
El gobierno también ha sido señalado por usar el régimen de excepción contra campesinos, líderes sociales y dirigentes comunitarios, incluyendo a Fidel Zavala, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), acusado de vínculos con pandillas.
A la fecha, más de 86,000 personas han sido detenidas bajo esta figura legal. Las oenegés sostienen que hay miles de inocentes presos y al menos 400 muertos en prisión.
Bukele justificó sus acciones recordando que en tres décadas, las pandillas asesinaron a “200,000 salvadoreños”, y defendió la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las oenegés a registrarse y pagar un impuesto del 30% sobre sus fondos, una medida que ha sido comparada con normativas autoritarias de países como Rusia y Nicaragua.
