
Tegucigalpa, Honduras – El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del miércoles reformas clave a los artículos 36 y 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los usuarios y establecer mayores controles en el uso y emisión de este instrumento financiero.
Las modificaciones fueron respaldadas por mayoría de votos y buscan mejorar la transparencia en la aplicación de pagos, reducir el cobro excesivo de intereses y fortalecer las obligaciones de los comercios afiliados a las sociedades emisoras de tarjetas.
Aplicación de pagos priorizará deudas antiguas
Con la reforma al artículo 36, los pagos realizados por los tarjetahabientes, ya sean iguales, inferiores o superiores al saldo total del último estado de cuenta, serán aplicados de manera prioritaria a los saldos iniciales más antiguos.
Esto significa que los usuarios verán una disminución en los intereses cobrados, ya que estos se calcularán sobre los cargos más recientes, una medida que representa un alivio directo para quienes mantienen deudas con este medio de pago.
Además, el nuevo texto estipula que si el tarjetahabiente cancela la totalidad del saldo entre la fecha de corte y la de vencimiento, no se generarán intereses sobre ese monto.
Asimismo, se establece que los intereses deberán calcularse únicamente sobre el capital no cancelado, tomando como referencia la fecha de cada transacción pendiente, hasta el momento de su pago o la fecha de corte siguiente, lo que ocurra primero.
La reforma también aclara que el saldo de capital sobre el cual ya se hayan aplicado intereses deberá tratarse como un cargo nuevo en la fecha de corte correspondiente, evitando así la duplicación de intereses acumulados.
Nuevas obligaciones para comercios afiliados
Por otra parte, la reforma al artículo 44 de la Ley establece responsabilidades claras para los establecimientos comerciales afiliados. A partir de ahora, dichos comercios estarán obligados a identificar plenamente al tarjetahabiente y a obtener su firma al momento de realizar cualquier transacción con tarjeta de crédito.
Además, las sociedades emisoras deberán incluir esta obligación en los contratos con sus afiliados, garantizando así el cumplimiento efectivo de esta medida, orientada a prevenir fraudes y proteger tanto al usuario como al sistema financiero.