Tegucigalpa, Honduras – El Gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas firmaron este miércoles un acuerdo para implementar un proyecto valorado en dos millones de dólares, con el objetivo de prevenir y gestionar el conflicto agrario en el Bajo Aguán, una región históricamente afectada por violentas disputas por la tierra que han dejado al menos 200 muertos en los últimos años.
La iniciativa, denominada “Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Aguán a partir de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia”, será financiada en el marco del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), según confirmó la Cancillería hondureña en un comunicado oficial.
El proyecto tendrá una duración de 30 meses y se ejecutará con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la organización Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras.
Según las autoridades, la iniciativa está orientada a fortalecer la presencia institucional del Estado en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, Caribe hondureño, donde se busca garantizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia para comunidades campesinas afectadas por el prolongado conflicto agrario.
“La firma del proyecto representa un paso firme en el compromiso del Gobierno de Honduras con la construcción de una paz duradera y la atención integral a regiones históricamente vulnerables”, enfatizó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además de mejorar el acceso a la justicia, el proyecto también pretende fomentar la convivencia pacífica, prevenir la recurrencia de conflictos y proteger a defensores de derechos humanos en la zona. La participación activa de la sociedad civil y el fortalecimiento institucional serán pilares centrales en su implementación.
El Gobierno de Xiomara Castro reafirmó su compromiso con la búsqueda de soluciones sostenibles para la región, así como con el respeto y promoción de los derechos humanos como ejes fundamentales de su administración.
En 2022, el Ejecutivo designó una comisión especial para mediar en los conflictos en el Bajo Aguán; sin embargo, hasta la fecha, los esfuerzos no han logrado resolver las disputas territoriales que involucran a campesinos, empresas privadas y cuerpos de seguridad.
De acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos, cerca de 200 personas han perdido la vida en las últimas décadas en enfrentamientos vinculados al uso y tenencia de la tierra en Colón, incluyendo campesinos, guardias de seguridad privada y policías.
