Washington, D.C. – Un grupo de 27 organizaciones religiosas presentó este martes una demanda contra el Gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por autorizar redadas migratorias en iglesias, alegando que estas acciones constituyen un ataque contra la libertad religiosa.
Redadas en lugares de culto: un cambio de política
La demanda, interpuesta en la corte federal del Distrito de Columbia, cuestiona la legalidad de la orden ejecutiva emitida el 21 de enero, que permite a las autoridades migratorias realizar redadas en escuelas, hospitales e iglesias.
Dicha medida revocó una directriz del expresidente Joe Biden (2021-2025), la cual establecía que estos espacios eran “áreas protegidas” donde las detenciones no podían llevarse a cabo.
Las organizaciones demandantes buscan que la corte anule la orden presidencial y prohíba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizar detenciones en iglesias, excepto en “circunstancias excepcionales”.
Violación de la libertad religiosa
Según los demandantes, esta orden vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de culto, así como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, que impide al Gobierno restringir el ejercicio religioso sin una justificación de peso.
Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN, por sus siglas en inglés), denunció que esta medida ha generado un clima de miedo entre las comunidades migrantes.
“Muchos feligreses han dejado de acudir a las iglesias y prefieren seguir los servicios religiosos en línea por temor a ser arrestados”, explicó Malavé.
Impacto en las congregaciones religiosas
Las 27 organizaciones demandantes pertenecen a diversas denominaciones, incluyendo bautistas, evangélicos, luteranos y judíos conservadores y reformistas. Todas comparten la creencia de que “todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios y merece dignidad, cuidado y amor”.
Muchas de estas iglesias han servido como santuarios para los migrantes, proporcionándoles refugio ante el riesgo de deportación.
Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP), explicó que antes de la orden de Trump, las fuerzas de seguridad solo podían ingresar a una iglesia en circunstancias extremas.
“Ahora pueden entrar en cualquier momento para llevar a cabo una acción de control migratorio”, advirtió Corkran.
Clima de temor y posible daño irreparable
Las organizaciones demandantes alertan que, si la justicia mantiene en vigor la orden, las redadas tendrán “daños devastadores, directos y sustanciales” en la capacidad de las iglesias para congregar a sus fieles y ejercer su fe libremente.
Además, denuncian que la amenaza de estas acciones ya está teniendo un “efecto paralizante” en muchas comunidades religiosas, generando temor e incertidumbre en miles de migrantes en EE.UU.
