Tegucigalpa, Honduras
Alrededor de 4,700 personas han denunciado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras que sus vidas están en riesgo debido a amenazas a su integridad física. Estas denuncias, registradas entre el 2021 y el 2023, revelan un promedio mensual de 130 personas que buscan ayuda y protección.
Datos de la Unidad de Estadísticas del Conadeh indican que, en los últimos tres años, las amenazas a la integridad física y la vida se han convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado en el país. La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, insta a tomar acciones urgentes para abordar esta crisis que afecta a diversos sectores de la población.
Las amenazas provienen de diversas fuentes, como personas desconocidas, grupos armados como las maras y pandillas, bandas delictivas y la delincuencia común. Estas acciones buscan imponer un régimen de terror con el objetivo de dominar territorial y socialmente.
La situación se agrava con contextos de violencia derivados del reclutamiento de jóvenes, asesinatos de familiares, extorsión, discriminación y violencia de género. Las víctimas se ven obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del país o incluso al extranjero para salvaguardar su integridad y vida.
En el 2021, el Conadeh atendió 1,140 quejas relacionadas con amenazas a muerte, cifra que aumentó a 1,340 en el 2022 y a 1,317 en el 2023. Estas denuncias representan el 12.42 % del total de quejas atendidas en el 2023.
La violencia generalizada en Honduras ha llevado al Gobierno a declarar un estado de excepción desde diciembre del 2022, principalmente para hacer frente a delitos como la extorsión. Sin embargo, este estado de excepción ha sido testigo de más de medio centenar de masacres, con al menos 230 muertos, agravando aún más las violaciones a los derechos humanos en el país.
La gravedad de la situación se refleja en prácticas violentas comunes como amenazas a muerte, desplazamiento interno forzado, asesinato, homicidio, extorsión, femicidio y tentativas de homicidio. Un estudio revela que entre 2004 y 2018, al menos 247,090 personas se desplazaron en 78 municipios de 16 departamentos de Honduras debido a la violencia.
Departamentos y municipios más afectados
Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida son los departamentos más afectados, mientras que San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba y Choloma son los municipios más afectados por el desplazamiento forzado. En 2013, el gobierno reconoció la gravedad del problema y creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV).
Honduras enfrenta un escenario alarmante, donde un promedio de diez personas mueren violentamente cada día, con un 95% de estos crímenes impunes.
Lea también:
