La violencia y la inseguridad persisten en Honduras, un país que también registra altos niveles de pobreza, corrupción, desigualdad e impunidad, afirmó este martes la ONU en un informe en el que pidió al Estado la desmilitarización.
“La violencia y la inseguridad continuaron afectando al país, teniendo un impacto agravado en las mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”, señala el informe Anual 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras presentado este martes en Tegucigalpa por el Alto Comisionado de la ONU para esos derechos (OACNUDH).
Datos citados por la OACNUDH señalan que la tasa de homicidios en 2022 fue de 35,83 por cada 100.000 habitantes.
La representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, dijo a EFE que la violencia y la inseguridad “son problemas históricos que han protagonizado la realidad hondureña durante décadas” y que no se pueden abordar sólo con medidas a corto plazo.
La OACNUDH registró en 2022 un ligero descenso en el número de homicidios, pero “lamentablemente la violencia se exacerbó contra personas en mayor situación de mayor vulnerabilidad”, subrayó.
Un total de 298 mujeres murieron de forma violenta en 2022 en Honduras, país donde fueron asesinados 46 miembros de la comunidad LGBTI, según datos citados por Albaladejo.
A su juicio, los defensores de derechos humanos, el territorio y el medioambiente son los “más afectados” por la violencia y la inseguridad en el país centroamericano.
POLÍTICAS INTEGRALES DE SEGURIDAD
Albaladejo urgió al Gobierno a “adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana” que prioricen la prevención de la criminalidad, el fortalecimiento de la investigación y la sanción de las conductas criminales.
Esas políticas, añadió, contribuirán a “desmontar esas estructuras enquistadas en el país”.
En su informe, la OACNUDH expresó su preocupación porque el “uso de armas de fuego siga siendo la principal causa de muertes violentas, principalmente por la falta de un control efectivo de armas y que las personas jóvenes sean las más afectadas”.
Enfatizó que el compromiso del Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana es un avance importante; Sin embargo, esa promesa ha sido “obstaculizada” por la continua presencia de la Policía Militar del Orden Público en tareas de seguridad ciudadana.
La OACNUDH instó a Honduras a evitar el uso prolongado del estado de excepción y abogó por una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
El estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, “no ha dado resultados” porque “no es una medida oportuna para enfrentar la violencia e inseguridad, flagelos que tienen “factores estructurales y multidimensionales”, apostilló Albaladejo.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, PROBLEMAS HISTÓRICOS
Honduras figura entre los 25 países “más corruptos del mundo” y es necesario derogar decretos conocidos como “pactos de impunidad”, destaca el documento.
Albaladejo señaló que la corrupción y la impunidad “socavan” el Estado de derecho, y destacó el compromiso del Gobierno hondureño para avanzar en una agenda centrada en los derechos humanos y la lucha contra estos dos flagelos.
Resaltó además la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), con apoyo de Naciones Unidas.
Pero, dijo, que el país centroamericano debe seguir adoptando medidas para fortalecer la independencia judicial y luchar contra la impunidad, así como sancionar los delitos de corrupción.
“La corrupción tiene víctimas, todas aquellas personas que dejan de recibir o que se les deja de garantizar sus derechos y servicios básicos por el dinero que lamentablemente se enquista en la corrupción”, acotó.
La OACNUDH exhortó a Honduras a adoptar un plan nacional de acción en derechos humanos integral, garantizar la verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos, y fortalecer el Sistema Nacional de Protección para los defensores de derechos humanos. EFE
