Tegucigalpa.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha enviado una enérgica comunicación formal al presidente Nasry “Tito” Asfura, solicitando la derogatoria inmediata del Artículo 13 del Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2026. Esta acción de la cúpula empresarial surge ante la preocupación de que la medida administrativa atente directamente contra la seguridad jurídica y la gobernanza del sector audiovisual en el país, generando una incertidumbre que podría ahuyentar a los inversionistas.
El conflicto: ¿Decreto sobre Ley?
La preocupación del sector privado radica en la intención del Gobierno de adscribir la Dirección General de Cinematografía (DGC) como una dependencia interna de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. El COHEP argumenta los siguientes puntos críticos:
- Jerarquía Jurídica: Un PCM (decreto ejecutivo) no tiene la potestad legal para contradecir o modificar lo establecido en una Ley aprobada por el Congreso Nacional (Decreto 3-2019).
- Gobernanza en Riesgo: La Ley vigente establece que la máxima instancia del sector es el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC), un ente con participación público-privada que garantiza la transparencia institucional.
- Incertidumbre: Para el empresariado, estas decisiones administrativas “pueden interpretarse como contrarias al marco legal vigente”, lo que pone en riesgo un sector con alto potencial para atraer inversión y generar empleo.
Pilar de confianza para el inversionista
En la carta firmada por el Director Ejecutivo del COHEP, Armando Urtecho López, se enfatiza que el respeto al Estado de derecho es fundamental para el clima de negocios. El COHEP reitera que, si bien apoyan la modernización del Estado, cualquier proceso debe respetar plenamente el marco legal vigente para no dinamitar la confianza de quienes buscan dinamizar la economía nacional.
Esta petición llega en un momento donde el gobierno de Asfura busca proyectar una imagen de apertura internacional, pero este roce con el sector privado pone de manifiesto tensiones sobre el respeto a los procesos legislativos y la institucionalidad.
