El Congreso Nacional aprobó un decreto que establece un mecanismo temporal para trasladar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) los activos financieros incautados que permanecen bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
La medida permitirá centralizar los recursos provenientes de incautaciones y establecer un procedimiento para que las instituciones de seguridad y justicia puedan acceder a estos fondos, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y apoyar las acciones contra el crimen organizado.
La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo mediante un oficio enviado por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, el 28 de septiembre de 2026.
El decreto fue aprobado durante la sesión legislativa de este jueves, con dispensa de un debate, a solicitud de la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista por Ocotepeque, Tania Pinto.
¿Qué instituciones recibirán los fondos incautados?
La diputada Tania Pinto explicó que el mecanismo busca agilizar la disponibilidad de los recursos administrados por la Oabi y facilitar su traslado a las instituciones que participan en las labores de seguridad, investigación y aplicación de justicia.
Entre las entidades contempladas como beneficiarias figuran:
- Secretaría de Defensa.
- Secretaría de Seguridad.
- Ministerio Público.
- Poder Judicial.
- Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
- Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII).
- Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Pinto indicó que estas instituciones podrán utilizar procedimientos de contratación directa para adquirir bienes y contratar obras y servicios necesarios para fortalecer sus operaciones.
“Esto es para agilizar el proceso porque se tienen que hacer compras, se tienen que fortalecer esas instituciones de investigación”, explicó la parlamentaria.
La legisladora sostuvo que las reformas penales aprobadas recientemente requieren instituciones con mayores capacidades para investigar, perseguir y combatir las estructuras criminales.
¿Qué establece el decreto sobre el dinero incautado?
El artículo 1 dispone que los activos financieros incautados que estén bajo custodia de la Oabi deberán trasladarse de manera inmediata e íntegra a la Cuenta Única del Tesoro.
La disposición incluye dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, rendimientos financieros, intereses bancarios, títulos de inversión y otros productos financieros que se encuentren en el sistema financiero nacional.
Uno de los aspectos centrales es que el traslado podrá realizarse incluso cuando todavía no exista una sentencia firme que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes.
El movimiento de los recursos se efectuará mediante transferencias bancarias u otros mecanismos electrónicos oficiales.
Por su parte, el artículo 2 establece que la Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oabi y las instituciones financieras involucradas, tendrá un plazo de 30 días, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para ejecutar el traslado de los fondos.
¿Se devolverá el dinero si la justicia falla a favor de sus propietarios?
El decreto establece garantías para los particulares cuyos activos financieros sean trasladados a la Cuenta Única del Tesoro mientras continúan los procesos judiciales.
Según el articulado, los recursos deberán mantenerse debidamente identificados y el Estado garantiza su restitución íntegra cuando una autoridad jurisdiccional ordene devolverlos.
La devolución deberá efectuarse en un plazo de tres meses, conforme a lo establecido en la normativa aprobada.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la Secretaría de Finanzas tendrá participación en el procedimiento y actuará como aval para garantizar la devolución de los recursos cuando exista una resolución definitiva favorable a los propietarios.
Zambrano sostuvo que el decreto establece el mecanismo administrativo para trasladar los fondos, mientras que las reformas a la Ley de Privación de Dominio ya aprobadas regulan la distribución de los recursos entre las instituciones beneficiarias.
Instituciones podrán agilizar compras y contrataciones
A solicitud de la diputada Tania Pinto, se incorporó una disposición para que las entidades que reciban estos recursos puedan aplicar procedimientos sustitutivos de contratación en la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.
Sin embargo, las instituciones deberán asumir las obligaciones y responsabilidades relacionadas con la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa correspondiente.
La intención, según la explicación legislativa, es que los recursos puedan utilizarse con mayor rapidez para fortalecer las capacidades de investigación, seguridad y persecución penal.
Dinero incautado a Koriun queda excluido
El decreto también establece una excepción relacionada con los fondos incautados a la empresa Koriun, que quedan fuera de la utilización anticipada de dinero contemplada en el mecanismo.
Esta disposición diferencia esos recursos del resto de los activos financieros que podrán ser trasladados a la Cuenta Única del Tesoro bajo las condiciones establecidas en la nueva normativa.
Con la aprobación del decreto, el Congreso Nacional busca poner en marcha un procedimiento para centralizar los recursos financieros incautados y facilitar su utilización por parte de las instituciones de seguridad y justicia, aunque su aplicación deberá mantener las garantías de restitución y rendición de cuentas establecidas en la ley.
