La Ceiba, Honduras – La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) ha presentado un requerimiento fiscal contra Luis Fernando Triminio Molina.
Triminio es fiscal del Ministerio Público (MP), y es acusado por abandonar sus funciones públicas sin justificación alguna.
Requerimiento fiscal
En marzo de este año, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer también presentó un requerimiento fiscal contra Triminio Molina.
Molina estaba asignado al Centro Integrado (CEIN) de La Ceiba, por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una joven detenida con supuesta droga.
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Detalles del Caso Contra Luis Fernando Triminio Molina
Según los hechos expuestos, desde que el MP imputó a Triminio Molina por el presunto delito de violación agravada el 21 de marzo, la última vez que se presentó a laborar fue el 18 de marzo de 2024.
Desde entonces, no hay registros de su asistencia, lo cual constituye el delito de abandono de funciones públicas sin justificación.
Otros Imputados en el Caso
En el desarrollo de esta investigación, la FEES-SJ también ha presentado requerimientos fiscales contra Paula Cristina Durán Martínez, perito forense del MP, y Mario Leonel Molina Santos.
Ambos son acusados de intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal, además del delito de cohecho a sujetos procesales en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
La investigación revela que Paula Cristina Durán Martínez es pareja sentimental de Triminio Molina y fue responsable del dictamen toxicológico a la droga incautada a la joven detenida.
A pesar de conocer la implicación de su pareja en el caso, no se recusó ni excusó de realizar el dictamen. En cambio, utilizó los resultados para intimidar y ofrecer dinero a la víctima a cambio de retirar la denuncia.
Por su parte, Mario Leonel Molina Santos, primo de Triminio Molina, utilizó los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas por Durán Martínez para presentarse en la casa de los padres de la víctima.
Ofreció incentivos económicos con el objetivo de que la joven retirara la denuncia o cambiara su versión, sugiriendo que lo ocurrido fue una relación sexual consensuada.
