Tegucigalpa.- El Observatorio Político de Mujeres en Honduras presentó este jueves en la capital de la República su tercer informe nacional, titulado ‘Violencia política contra las mujeres en Honduras: tendencias, desafíos y hallazgos estratégicos’. El revelador documento documentó un total de 74 casos de violencia política hacia las mujeres entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, evidenciando de forma alarmante que el 85.1% de estas agresiones ocurrieron mientras las víctimas se encontraban en el pleno ejercicio de un cargo público o desempeñando funciones de liderazgo.
El estudio estadístico e institucional expuso además que el acoso en las plataformas digitales se ha convertido en la principal arma de ataque, estando presente en el 67.6% de los expedientes analizados. Asimismo, el informe pormenoriza que el 63.5% de los incidentes afectaron de forma directa a mujeres vinculadas a partidos políticos y que en el 71.6% de los casos donde se logró identificar plenamente al agresor, este resultó ser un hombre.
Desconfianza en las denuncias, ataques a la dignidad y factores culturales
La investigación desglosa los principales obstáculos y la saña con la que se ejecutan los ataques en el ámbito de la gobernanza:
- Miedo e impunidad institucional: Aunque el 62.2% de las afectadas decidió interponer denuncias formales, persisten graves barreras como la desconfianza en los entes de justicia, el temor a represalias y una alta percepción de impunidad.
- Acoso fuera de las urnas: La coordinadora del Observatorio, Jessica Sánchez, afirmó que este fenómeno no se limita a las campañas electorales, sino que se mantiene e incluso se profundiza de forma violenta cuando las mujeres asumen los espacios de poder.
- Daño psicológico y descalificación: Sánchez detalló que la violencia psicológica ocupa el segundo lugar en prevalencia, caracterizándose por contenidos de objetivación sexual, cuestionamientos a la vida privada y ataques a la maternidad que no sufren los hombres.
- Patriarcado y caudillismo: Las expertas vincularon directamente la manifestación de este fenómeno al machismo imperante, al sistema patriarcal estructural y al arraigo de liderazgos caudillistas tradicionales en las comunidades locales.
Urgen reformas electorales y mecanismos para minorías vulnerables
El documento expone con gravedad que la violencia política golpea de manera diferenciada e interseccional a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, con discapacidad, colectivos de la diversidad sexual y residentes en zonas rurales, donde la convergencia de múltiples discriminaciones limita el acceso a mecanismos reales de protección. Ante este panorama, el Observatorio, impulsado por el Grupo Sociedad Civil (GSC), urgió al Congreso Nacional la aprobación inmediata de una Ley de Violencia Política hacia las mujeres o la inclusión de sanciones penales severas dentro de las próximas reformas electorales. Durante el evento se socializó la ‘Ruta de la Violencia Política contra las Mujeres’, una herramienta conceptual que visibiliza la evolución de las agresiones desde la descalificación inicial hasta el silenciamiento o la exclusión forzada, planteando la urgencia de diseñar protocolos estatales contra la suplantación de identidad y el acoso en redes.
